De las movilizaciones sociales de 2012 quedaron muy claras dos cosas: en primer lugar el repudio de un importante sector de la sociedad hacia el manejo faccioso de la información que hacen las principales cadenas privadas de televisión en el país y en segundo lugar la falta de credibilidad que ostentan las instituciones que intentan hacer gobierno en México. En otras palabras, después de la explosión de #YoSoy132 el sistema político mexicano y el aparato que le otorga legitimidad (el establishment de la TV) envejecieron en un verano lo que en 20 años.
De una campaña que estuvo a nada de naufragar, el hoy presidente Enrique Peña Nieto emergió para tomar posesión el primero de Diciembre en medio de tensión, disturbios y violencia policial. En contra de todos los pronósticos, al tomar poder el ex-gobernador del Estado de México por el PRI habló en sus primeros discursos acerca del problema que le ocasionan al país los monopolios y los poderes fácticos. Fue de esta manera que se introdujo la reforma en telecomunicaciones que se presentaría a la postre en el Congreso ya entrado el año de 2013.
Al anunciarse esta reforma dio la impresión de que se abría la discusión en materia legislativa en cuanto al tema de la comunicación en México, lo que parecía una pequeña victoria frente a esta histórica demanda de la sociedad. Al conocerse la sustancia de la reforma, la redacción y el articulado quedó claro que aunque era una reforma perfectible existían avances. Avances que habrían de ser concretados en la legislación secundaria, según se decía.
Hoy llama poderosamente la atención cómo esta reforma en telecomunicaciones paso de ser aquella herramienta que detonaría la democratización del sistema de medios de comunicación a la que permitirá (a través de la legislación secundaria) la vigilancia masiva de los ciudadanos. Resulta paradójico que el camino que muchos nombraban para alcanzar la democracia se ha vuelto hoy una de las principales avenidas para perpetuar el autoritarismo que se vive en México.
Pareciera a primera vista que no importó que miles se movilizaran de nuevo en todo el país en abril de este año por una ley de telecomunicaciones sin censura y en contra de los beneficios para el oligopolio de la comunicación. No importó que la denuncia ciudadana escalara hasta ser trending topic mundial, el gobierno toreo el “periodicazo” de la prensa internacional que le frustró el intento de aprobación fast-track, eso sí, pero a cambio espero con malicia a que llegara el mundial para llevar de nuevo al pleno del senado la ley.
Así es, con casi nulo debate, en un proceso plagado de simulación, que el Congreso decidió aprobar en esta legislación artículos profundamente antidemocráticos e inconstitucionales como el 189 y el 190 que instrumentan entre otras cosas medidas para almacenar datos personales de los usuarios hasta por 24 meses, así como la posibilidad de geolocalizar los dispositivos móviles y echar abajo sus señales de telefonía.(ver -> http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014 ) estas facultades otorgadas mediante una redacción vaga y confusa a “la autoridad competente” resultan muy preocupantes y más cuando se toma en consideración lo dicho por el relator especial para libertad de expresión de la ONU Frank La Rue: “la retención de datos es invasiva, costosa y amenaza los derechos de la libertad de expresión y privacidad”
Es mundialmente conocido, aunque al poder le duela, que en México el sistema partidista funciona bajo un régimen autoritario, donde la persecución, el magnicidio y el asesinato a defensores de derechos humanos y periodistas están a la orden del día. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Es por eso que preocupa a muchos que cuadros de gobierno como el del fiscal general Nájera de Jalisco o el gobernador Duarte de Veracruz, conocidos por reprimir manifestaciones y voces disidentes, tengan ahora la posibilidad de geolocalizar en tiempo real dispositivos móviles. ¿Qué hará un silenciador de periodistas como Duarte con este poder en sus manos? ¿Qué hará Nájera -uno de los artífices de la represión del 14 de diciembre alrededor del congreso de Jalisco- con equipo para localizar ciudadanos? ¿Secuestrar a otros tantos como ya lo hizo aun antes de que esta ley se aprobara? (Ver => https://www.youtube.com/watch?v=ieH-XYEAsvg )
El espionaje por parte del gobierno no es novedad. Lo que es preocupante es que esta práctica se vuelva ahora legal y se haga descaradamente. Que se normalice –es decir, se haga parte de lo cotidiano, de lo ordinario- la invasión de la privacidad de individuos y colectivos al amparo de proteger la “seguridad nacional”. Pero, ¿Quién decide qué es eso? ¿Cuáles son los criterios para decidir cuando la actividad de un grupo o de un individuo atentan contra la seguridad del país? Si el hecho de opinar distinto nos vuelve peligrosos, algo anda mal.
Ante la aprobación de esta legislación algunos profesores en foros rememoraban lo sucedido en nuestro pasado reciente en la década de los sesentas cuando el gobierno construía legislaciones para instalar de facto el control de las ideas dentro de los organigramas de la sociedad. También escuché a algunos amigos decir varias veces “esto parece sacado de 1984 de Orwell” mientras yo en mi cabeza traía a colación el leviatán imaginado por Thomas Hobbes en donde todos entregan su individualidad (entiéndase privacidad, libertad de expresión etc) a cambio de asegurar la seguridad colectiva. El ideal de poder absoluto basado en el miedo.
Como mencionamos al inicio pareciera que la organización y las manifestaciones que se han llevado a cabo desde 2012 no importan para el régimen, no le significaron nada, no las escuchó. Pero recordemos que el espacio para esta organización fueron las redes sociales, para de ahí salir a las calles. Con la nueva legislación, el almacenamiento de datos y la geolocalización vuelven poco seguros estos medios. Inseguros para los manifestantes, que se arriesgan a ser localizados o a que les bloqueen la señal de sus líneas (ya sea para impedir la denuncia de abusos policiales o para impedir comunicarse durante las marchas).
Pareciera que no significó nada, pero el que se pretenda regular estos espacios hace pensar en una respuesta del gobierno para evitar nuevos brotes de protesta a través de estos medios. Que el gobierno federal quiera controlar las comunicaciones hace pensar que no tienen intensiones de dejar que un estallido como el del verano de 2012 vuelva a ocurrir. O por lo menos, no tan fácilmente. Ante este panorama nosotros afirmamos que para construir más democracia no podemos capitular en la defensa de nuestros derechos, jamás el sacrificio de la privacidad en pos de la seguridad nos llevara al camino de la libertad y la esperanza. Es sentido común, la exigencia es más democracia, no más vigilancia.
@MontseNarro
@JuanYvesPalomar
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